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A lo largo de los últimos tres años se han generado muchas tensiones en las relaciones entre la Asociación Española De Asesores Fiscales (AEDAF) y los tres niveles de poder del Estado,. Según palabras del vocal de la AEDAF, Javier Gómez Toboada, es una situación con una clara “incertidumbre en la seguridad jurídica fiscal” respaldada por un estudio realizado por la institución.
La inseguridad jurídica que aqueja a las empresas que forman parte de las asesorías en Madrid, y del resto de España, obedece a los siguientes argumentos:
- A lo largo de los últimos cincuenta y cinco años se han alcanzado tal grado de “hiperproducción” de normas que se puede promediar la publicación de una nueva ley cada semana. Esto en lo que concierne al poder legislativo.
- En cuanto a las potestades del poder Ejecutivo, es del todo descabellado la cantidad de modificaciones que se han producido en materia que afecta a administraciones estatales, autonómicas y locales.
- Por último, Gómez Toboada, arremete contra las irregularidades funcionales del poder judicial, afirmando que hay una evidente discrepancia de criterios entre los tribunales superiores de justicia de cada región, la Audiencia Nacional, el Tribunal Supremo, el Tribunal Constitucional y la Corte de Luxemburgo.
Además, más allá de los argumentos de la AEDAF anteriormente mencionados, también se conocen casos puntuales que aún aguardan por una resolución en firme, y eso habiendo transcurridos veintidós años. Esto no hace más que incrementar el desasosiego jurídico que todo esto genera.
La principal incertidumbre sin embargo recae, en un mayor grado, en el modus operandi basado en los recursos y las demandas, donde los participantes pueden llegar a perder alrededor del 50% de los casos. Esto sumado a que, puntualmente, se pueden obtener resultados en contra del 40% por vías económicas y administrativas, y un 30% adicional cuando se alcanza la etapa del juicio. De hecho, se estima que incluso el 84% de las administraciones regionales pueden llegar a perder sus causas.
Por otro lado, el vocal de la Asociación Española De Asesores Fiscales afirma que dicha actuación administrativa resulta más que cuestionable, pues ésta mantiene colapsada la función de los juzgados ya que, según la ley, las actuaciones oficiales se consideran completamente legítimas hasta que la justicia se oponga.
Es basándose en esta problemática por lo que la AEDAF propone la integración de juzgados especializados alrededor de toda la temática tributaria, con el objetivo de procesar gradualmente la importante cantidad de temas fiscales que actualmente son tratados por tribunales (en algunos casos) excedidos, y cuyo enfoque dista de la materia en cuestión. Asimismo, José Ignacio Alemany; actual presidente de la Asociación, comenta que este tipo de entidades especializadas son comunes en el resto de países europeos, y afirma que, además de la implementación de los mencionados juzgados, también es necesaria la formación de un organismo independiente en materia fiscal.
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En cualquier caso, la petición de la Asociación Española De Asesores Fiscales debe ser atendida en un proceso relativamente largo, donde se evalúan los documentos presentados y sus argumentos, pues más allá de los notables beneficios que puede haber con la imposición de una reforma fiscal, cabe mencionar que ello puede traer elementos de riesgo para el orden actual. Un ejemplo de todo esto podrían ser las estimaciones de recaudación de las deducciones de los dividendos que generan las filiales en el extranjero.
